Foto de archivo: Capitolio Nacional, Bogotá, 22 de febrero de 2009. Leandro Neumann Ciuffo, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons. No corresponde a la radicación de 2026.
Nos reportamos desde nuestra redacción digital con una propuesta que toca impuestos, ayudas y tamaño del Estado: el Gobierno radicó el 29 de octubre la Ley de Rescate Económico. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, figura como autor del proyecto 477/2026C en la Cámara de Representantes. Para usted, la primera distinción es decisiva: ya hay un texto para discutir; todavía no hay una nueva ley aprobada.
IVA: una devolución propuesta, no un giro disponible
El impuesto al valor agregado, IVA, se cobra sobre distintas compras. Hacienda propone devolverlo según las condiciones económicas de las personas mediante un mecanismo llamado EfectIVA. En su presentación del 29 de octubre, calcula cerca de 19 millones de beneficiarios de devolución total y otro grupo con devolución parcial. Son estimaciones y objetivos del Ejecutivo, no un listado de personas que ya tengan un pago reconocido.
El ministerio anuncia que el esquema comenzaría en 2028, con un anticipo previsto a más tardar para el 20 de diciembre de 2027. Esas fechas forman parte de la propuesta. No equivalen a una convocatoria abierta hoy ni justifican pagarle a alguien para “asegurar el cupo”. El entusiasmo puede adelantarse; el giro necesita reglas, recursos y aprobación.
Empresas y Estado: dos cambios de distinta naturaleza
El documento radicado plantea reducir la tarifa general de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Hablamos de la tarifa general propuesta: no de una rebaja inmediata para cualquier contribuyente ni de la eliminación de condiciones especiales. La renta grava utilidades determinadas conforme a las reglas tributarias; no es un descuento sobre todas las ventas.
En otro frente, el artículo 7 solicita facultades extraordinarias por seis meses para reorganizar la administración nacional, incluyendo supresiones, fusiones y cambios de estructura. La solicitud no significa que esas entidades ya hayan desaparecido. Este punto merece atención política propia: quién decide, durante cuánto tiempo y con qué límites es tan relevante como la cifra de ahorro anunciada.
También se propone revisar transferencias y fondos. La pregunta útil es cómo se distinguirá un gasto duplicado de un servicio necesario. Un recorte puede mejorar eficiencia o deteriorar atención si se diseña mal: son posibilidades que deben evaluarse, no resultados que podamos dar por ocurridos.
El Congreso todavía tiene la palabra
El presidente del Congreso, Honorio Henriquez, anunció un debate amplio y pidió estudiar la iniciativa con detenimiento. Su posición personal sobre impuestos no permite contar de antemano los votos de toda una cámara. La radicación abre la discusión; las modificaciones y decisiones posteriores tendrán que documentarse.
El contexto es la presión sobre las cuentas públicas, que ya explicamos al revisar la emisión de deuda por US$5.200 millones. Pero obtener financiación y cambiar impuestos son decisiones diferentes: una no aprueba automáticamente la otra. Tampoco debemos convertir los escenarios de crecimiento o crisis presentados por el Gobierno en predicciones independientes del medio.
Le proponemos seguir tres preguntas: qué artículos sobreviven, quién asume el costo y cómo se comprobarán los beneficios. El nombre “rescate” expresa la apuesta del Gobierno; a nosotros nos corresponde revisar el contenido y a usted contar con información para exigir resultados. Antes de celebrar una devolución o temer un cobro, miremos qué termina aprobado. 🏛️
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