Nos reportamos desde una mirada integral a la economía colombiana, esta vez con todos los números sobre la mesa, para entender dónde estamos parados y qué tan empinada es la cuesta que viene. El país no está en crisis, pero sí en un punto donde cada variable cuenta y cualquier error pesa más de la cuenta.

Arranquemos por el PIB. Colombia cerró 2025 con un crecimiento cercano al 2,6 %, y las proyecciones para 2026 se mueven entre 2,5 % y 3 %, lejos del rebote pospandemia, pero todavía en terreno positivo. El consumo se ha enfriado, la inversión privada avanza con cautela y el crecimiento depende más de servicios y algunos sectores energéticos que de la industria o la construcción.

En empleo, la tasa de desempleo se ha ubicado alrededor del 9 %, con picos y caídas mensuales, pero con un problema estructural que no se va: la informalidad, que ronda el 56 % de los ocupados. Es decir, más de la mitad de los trabajadores siguen sin estabilidad plena ni protección social, una bomba de tiempo para productividad y recaudo.

La inflación ha cedido, pero sigue dando pelea. Tras superar el 13 % en 2023, cerró 2025 cerca del 5,2 %, todavía por encima de la meta del Banco de la República. Esto explica por qué las tasas de interés, aunque han bajado, siguen siendo altas: la tasa de política monetaria ronda hoy el 9,5 %, un alivio frente al 13,25 % de hace dos años, pero aún costosa para crédito, consumo e inversión.

En el frente fiscal, el dato más incómodo: el déficit fiscal se mantiene alrededor del 6,8 % del PIB, presionando la deuda y obligando al Gobierno a un delicado equilibrio entre gasto social, cumplimiento de la regla fiscal y nuevas fuentes de ingresos. Aquí, la confianza pesa tanto como las cifras.

Hablemos de deuda. La deuda pública total supera el 57 % del PIB, mientras que la deuda externa ronda los US$195.000 millones, cerca del 53 % del PIB. No es un nivel explosivo, pero sí uno que deja poco margen para improvisaciones, especialmente en un contexto internacional de tasas globales aún altas.

En inversión extranjera directa, Colombia sigue siendo atractiva, pero con freno de mano. En 2025 ingresaron cerca de US$17.000 millones, concentrados en energía, minería y servicios financieros. El mensaje es claro: hay interés, pero los inversionistas miran con lupa la estabilidad jurídica, regulatoria y política.

Finalmente, el dato que todos sienten en el bolsillo: el salario mínimo. Para 2026 quedó fijado en $1.430.000, más auxilio de transporte de $180.000, para un total de $1.610.000. El aumento ayudó a recuperar ingreso real frente a la inflación, pero también elevó costos laborales, especialmente para pymes y sectores intensivos en empleo.

¿Y por qué todo esto importa? Porque la economía colombiana está estable, pero tensionada. Crece, sí, pero lento; baja inflación, pero con tasas aún altas; mejora ingresos, pero con déficit fiscal elevado. El reto ya no es apagar incendios, sino tomar decisiones finas para que el crecimiento no se ahogue y la estabilidad no se rompa. En economía, como en ajedrez, Colombia está a mitad del tablero: no puede jugar a la defensiva… ni equivocarse de movimiento.