Por Simbad Ceballos / CEO de OlimpIA

Durante años, el robo y la exposición indebida de datos personales fueron percibidos como problemas aislados, asociados principalmente a fraudes bancarios o filtraciones que parecían aisladas. La realidad es diferente, puesto que la información personal se ha convertido en uno de los activos más valiosos de la economía digital y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos.

Cada trámite en línea, pago digital, registro en plataformas o interacción en redes sociales amplía la huella digital de las personas y aumenta el nivel de exposición frente a nuevas modalidades de fraude. En este contexto, los datos ya no son solo información, son la materia prima de los ciberdelincuentes para cometer delitos como la suplantación de identidad.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Según el balance del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia, durante 2025 se atendieron más de 13.000 incidentes directos relacionados con fraudes digitales a través del CAI Virtual, mientras que en 2024 el país superó las 63.000 denuncias por delitos informáticos. Solo en Bogotá se registraron más de 25.000 denuncias por estafa durante 2025, con un crecimiento del 14 % frente al año anterior, evidenciando cómo el uso indebido de datos personales se está convirtiendo en uno de los principales motores del fraude digital en el país.

El crecimiento de estos delitos coincide con una transformación de las modalidades de ataque. El fraude digital ya no depende exclusivamente de vulnerabilidades técnicas; se apoya en inteligencia artificial, ingeniería social y manipulación del comportamiento humano. Modalidades como el phishing o la clonación de voz mediante IA están redefiniendo el riesgo, permitiendo a los ciberatacantes construir escenarios altamente creíbles y personalizados.

La capacidad de replicar voces, rostros y patrones de comportamiento están reduciendo la diferencia entre lo auténtico y lo sintético, debilitando la confianza en las interacciones digitales. Esto obliga a replantear la manera en que entendemos la ciberseguridad, porque el reto ya no consiste únicamente en proteger sistemas, sino en cuidar la información de los usuarios.

Para las empresas, esto tiene implicaciones directas sobre la operación y la reputación. Un incidente asociado a identidad digital puede desencadenar pérdidas económicas, sanciones regulatorias y un deterioro significativo en la relación con clientes y usuarios, en cuestión de horas.

Se requiere combinar tecnología, procesos y cultura digital. Es necesario que las personas desarrollen hábitos de protección más conscientes frente a entornos digitales cada vez más complejos.

Desde OlimpIA hemos insistido en que la verdadera diferencia no está únicamente en reaccionar frente al ataque, sino en desarrollar capacidades para anticipar señales tempranas y recuperar el control antes de que el fraude escale.

Colombia avanza hacia una economía cada vez más digitalizada, y ese crecimiento representa enormes oportunidades para ciudadanos y empresas, pero también exige elevar el nivel de protección sobre la identidad y los datos personales.

Proteger la información dejó de ser una práctica técnica, en la actualidad es una condición indispensable para la sostenibilidad digital del país.