Nos reportamos desde nuestra redacción digital para ordenar dos noticias que parecen tirar en direcciones opuestas: el Consejo de Estado protegió a un ciudadano ateo frente a un discurso del presidente Abelardo De La Espriella y, en otro proceso, descartó que determinadas expresiones religiosas del mandatario vulneraran derechos. Los boletines oficiales son del 13 de noviembre de 2026. La diferencia está en los hechos examinados, no en escoger qué creencia gana.
El discurso que motivó la protección
La Sección Quinta del alto tribunal estudió una tutela, el mecanismo judicial para reclamar protección de derechos fundamentales. Según su comunicado oficial, el caso se originó en una intervención presidencial del 15 de octubre sobre espacios culturales y el llamado “social-comunismo ateo”. La Sala consideró discriminatorio asociar el ateísmo con una condición de enemigo de los valores nacionales.
El punto constitucional es sencillo: una persona puede creer, cambiar de creencia o no profesar una religión. Su acceso a los espacios públicos no depende de pasar un examen de fe. El fallo se refiere al trato desde una intervención oficial; no convierte en ilícita cualquier discrepancia sobre religión o política.
Qué órdenes se conocen
La información de Colprensa publicada por Vanguardia el 14 de noviembre detalla un plazo de cinco días desde la notificación para un pronunciamiento presidencial con alcance equivalente. Debe reconocer la protección de las convicciones no religiosas, rechazar su identificación como enemigas de la nación y reconocer que los espacios culturales estatales pertenecen también a quienes no creen.
La decisión también dispone retirar de los canales de YouTube señalados las publicaciones que contienen ese discurso, en 48 horas, y prevenir nuevas estigmatizaciones. No contamos esos términos desde la fecha del titular: la notificación judicial importa. Tampoco presentamos como comprobado el cumplimiento de las órdenes ni afirmamos que se haya impuesto una sanción penal.
Por qué el otro caso tuvo otra respuesta
En una tutela diferente se cuestionaron ceremonias, mensajes y actuaciones institucionales por presunto favorecimiento religioso. El Consejo explicó que la velatón de solidaridad por las víctimas del terremoto del 10 de agosto tenía una justificación secular, es decir, de interés público independiente de una fe. También examinó el contexto diplomático de una visita a un templo judío.
Sobre la expresión “viva Cristo Rey”, la corporación recordó los derechos personales del presidente a expresar sus convicciones. Esa conclusión sobre los episodios analizados no equivale a un permiso ilimitado para excluir a ciudadanos. Leer ambos casos como un marcador de partido —uno a favor, otro en contra— deja por fuera la explicación.
La regla que nos incluye a todos
Los artículos 13, 18 y 19 de la Constitución protegen la igualdad, la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Nuestra lectura es que respetar esos derechos exige mirar el contexto, el carácter oficial de las palabras y sus efectos sobre otras personas. La protección alcanza a creyentes y no creyentes.
Como en nuestra cobertura sobre amenazas a medios, conviene distinguir denuncias, decisiones y verificaciones pendientes. Aquí existen dos decisiones judiciales sobre hechos distintos; una no borra las órdenes de la otra.
Quedémonos con una lección: usted no necesita compartir las convicciones de quien gobierna para pertenecer plenamente al país. Entender las diferencias protege mejor la convivencia que discutir solamente el eslogan. ⚖️
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