Foto temática de archivo: paisaje rural de Tabio, Cundinamarca, 1 de agosto de 2017. Universalis, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. No identifica una Junta de Internet ni prueba su cobertura.
Nos reportamos desde nuestra redacción digital con una pregunta que va más allá de encender un módem: ¿cuántas comunidades tienen realmente internet y pueden sostenerlo? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, presentó el 29 de octubre un balance crítico de Juntas de Internet. La ministra Alexandra Falla Zerrate reportó 353 juntas en funcionamiento frente a una promesa de 5.000. Es el balance de la entidad, no una inspección realizada por este medio.
Promesa, contratación y operación no son lo mismo
El comunicado oficial distingue 5.000 juntas anunciadas, 4.000 inscritas, 810 contratadas y 353 operativas. Cita informes de interventoría y seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2026. La fecha importa: la publicación es de octubre, pero el corte declarado de la información es septiembre.
Con esos números, calculamos que las operativas representan aproximadamente 7,1 % de las anunciadas y 43,6 % de las contratadas. Ambos cálculos son correctos, pero responden preguntas distintas. Comparar con la promesa muestra su alcance; comparar con los contratos examina la ejecución de lo efectivamente contratado. Cambiar el denominador cambia la lectura, aunque no haga aparecer una conexión nueva.
MinTIC también reporta 20.433 familias con servicio frente a la promesa inicial de más de 235.000. Atribuye las 353 juntas activas a cuatro acuerdos o convenios: Internexa, autoridades indígenas, Boyacá y Caldas. La cartera anuncia que exigirá obligaciones contractuales y reintegros de recursos no ejecutados. No identificamos en ese anuncio una decisión judicial que declare responsabilidades individuales.
El balance oficial necesita trazabilidad
La crítica del actual Gobierno al anterior es una posición política que debe atribuirse. Para evaluar el programa necesitamos además contratos, modificaciones, actas y resultados comparables. Un balance institucional aporta información relevante, pero no sustituye por sí solo el examen de cada proyecto ni demuestra que todas las comunidades hayan enfrentado el mismo problema.
Nos parece útil formular preguntas concretas: ¿dónde están las redes instaladas?, ¿desde cuándo prestan servicio?, ¿cuántos hogares mantienen conexión activa? También conviene distinguir una instalación terminada de una red disponible de manera continua. Son criterios para pedir evidencia; no afirmaciones de que en cada lugar se haya producido una falla determinada.
El comunicado cuestiona la sostenibilidad y advierte dificultades para pagar energía. Esa preocupación lleva a otra pregunta: ¿quién cubrirá operación, mantenimiento y atención cuando termine la instalación? Entregar equipos puede ser una etapa necesaria, pero el valor para la comunidad depende de que el servicio siga funcionando. La tecnología también necesita una cuenta que cierre.
Qué debería poder comprobar la comunidad
Para una familia, el debate puede traducirse en información sencilla: responsable del servicio, condiciones ofrecidas y canal para reportar fallas. Como criterio editorial, proponemos que cualquier balance permita seguir el recorrido entre recurso comprometido, infraestructura entregada y conexión utilizable. Contar anuncios sin ese recorrido deja al usuario mirando una cifra donde esperaba una solución.
El asunto se relaciona con la discusión sobre competencia y condiciones del internet fijo, aunque son procesos diferentes: una consulta regulatoria no instala estas redes ni corrige sus contratos. Confundirlos daría una respuesta cómoda, pero poco útil.
Seguiremos distinguiendo metas, ejecuciones y responsabilidades acreditadas. La comunidad merece conocer qué falta y quién debe resolverlo, con documentos y plazos verificables. Conectar el campo exige más que una fotografía de equipos: exige servicio que permanezca cuando se apaga la cámara. 📡
