Nos reportamos desde uno de esos temas que todos opinan… pero pocos entienden a fondo. El Reporte de hoy pone sobre la mesa una discusión incómoda: la contratación directa en Colombia, esa figura que muchos señalan, pero que en la práctica sostiene gran parte del funcionamiento del Estado.

Arranquemos con un dato que cambia la conversación: más del 80% de los contratos públicos en el país no se adjudican por licitación, según Colombia Compra Eficiente y SECOP II. Es decir, la contratación pública no es sinónimo de licitación. Y dentro de ese 80%, la contratación directa juega un papel clave.

Entonces, ¿por qué tiene tan mala fama? En buena parte, por una narrativa simplificada: que contratar directamente es “contratar a dedo”. Pero la realidad es otra. Esta modalidad está regulada por la Ley 1150 de 2007 y solo aplica en casos específicos: urgencias manifiestas, contratos entre entidades públicas, servicios profesionales o cuando no hay múltiples oferentes.

“La contratación directa no es una puerta abierta a la discrecionalidad, sino una herramienta legal con causales específicas y controles definidos”, explicó Catalina Jaramillo, directora de Red Summa. En otras palabras, no es que todo valga… es que tiene reglas, solo que no siempre se explican bien.

El problema es que el debate público se quedó en el titular fácil. Términos como “contrataderos” no solo simplifican el tema, sino que terminan generando desconfianza generalizada. Y ahí es donde la discusión se vuelve peligrosa: cuando una herramienta legal empieza a percibirse automáticamente como irregular.

Porque sí, puede haber malas prácticas —como en cualquier mecanismo—, pero eso no invalida su existencia. De hecho, la contratación directa ha sido clave para responder a emergencias, ejecutar proyectos entre entidades y vincular expertos que el Estado no tiene en su planta.

La pregunta de fondo es otra: ¿el problema es la herramienta… o cómo se usa? ¿Estamos criticando el mecanismo correcto o evitando una discusión más profunda sobre control, transparencia y vigilancia?

El Reporte es claro: eliminar o estigmatizar la contratación directa no soluciona nada. Lo que sí hace falta —y urgente— es más pedagogía, más control y menos caricatura. Porque en un país donde la confianza institucional es frágil, confundir conceptos también termina siendo una forma de desinformación. ⚖️