Por Simbad Ceballos / CEO de OlimpIA

La inteligencia artificial ha ampliado de manera significativa las capacidades tecnológicas de las organizaciones y los ciudadanos. Sin embargo, también ha abierto un nuevo frente de riesgo enfocado en la posibilidad de replicar rostros, voces y comportamientos con un nivel de precisión que desafía los mecanismos tradicionales de verificación y, más importante aún, los límites de la confianza digital.

En Colombia, el debate sobre la regulación de los contenidos sintéticos ya está en marcha. La reciente Ley 2502 de 2025, que modificó el artículo 296 del Código Penal sobre falsedad personal, introduce un elemento relevante al contemplar el uso de inteligencia artificial como agravante en conductas de suplantación. Este avance, aunque importante, marca apenas el inicio de una discusión que debe evolucionar hacia una tipificación más clara y específica del uso indebido de estas tecnologías.

La razón es estructural; este tipo de contenidos no son únicamente una manifestación tecnológica, se han convertido en un instrumento con capacidad de afectar la reputación de las personas falsificando su identidad, así como la estabilidad de las organizaciones. Su impacto trasciende el entorno digital y se extiende a decisiones financieras, procesos judiciales y dinámicas sociales.

La experiencia internacional ofrece señales claras; por ejemplo, en el Reino Unido se han adoptado medidas para tipificar como delito la creación y distribución de deepfakes de carácter sexual sin consentimiento, en respuesta a un crecimiento superior al 400% en este tipo de abusos desde 2017. Iniciativas como la mencionada reflejan un principio fundamental, cuando la tecnología evoluciona más rápido que la regulación, el costo lo asumen los ciudadanos y las empresas.

Para Colombia, avanzar en esta dirección no es una opción, es una necesidad estratégica que puede iniciar por tipificar el uso malicioso de deepfakes, con el fin de proteger la dignidad de las personas, prevenir fraudes cada vez más sofisticados y preservar la integridad de la información en Internet, donde lo auténtico y lo simulado cada vez es más difícil de distinguir.

Desde una perspectiva empresarial, existen al menos cuatro implicaciones críticas:

Primero, la protección de la identidad: evitar que imágenes o voces sean utilizadas para extorsión, manipular o dañar la buena imagen. Esto exige la adopción de protocolos de autenticación biométrica robusta, monitoreo continuo de reputación digital y mecanismos de respuesta rápida ante incidentes.

Segundo, la prevención del fraude: los contenidos sintéticos ya están siendo utilizados para suplantar identidades en procesos financieros y corporativos. Para mitigar este riesgo, las organizaciones deberían implementar soluciones de ciberseguridad para la detección de deepfakes en voz y video, y políticas estrictas de doble validación en todas las transacciones.

Tercero, la confiabilidad de la evidencia digital: teniendo presente que el contenido puede ser manipulado, es necesario garantizar que su autenticidad se vuelva indispensable. Esto impulsa el uso de tecnologías de verificación avanzada, como la biometría con detección de vida (liveness) que validen la integridad de los usuarios digitales.

Y cuarto, la estabilidad informativa: los deepfakes tienen la capacidad de influir en la opinión pública y afectar procesos democráticos. Frente a esto, es clave desarrollar estrategias de resiliencia informativa, incluyendo sistemas de verificación en tiempo real y programas de pedagogía digital, tanto internos como externos, que fortalezcan la capacidad crítica frente a contenidos manipulados.

Este no es un debate únicamente jurídico, puesto que tiene un impacto directo en la competitividad del país. La economía digital se sostiene sobre la confianza, y esta depende de la capacidad de proteger información sensible, garantizando la integridad de las interacciones. Por eso, la regulación debe ir acompañada de un componente técnico sólido; no basta con sancionar, es necesario promover el uso responsable de la inteligencia artificial y fortalecer las capacidades de detección y verificación en los sectores más expuestos.

Desde OlimpIA hemos trabajado en esa línea, desarrollando soluciones acreditadas internacionalmente, basadas en inteligencia artificial que permiten detectar posibles fraudes y validar identidades en tiempo real. Este tipo de herramientas ya están siendo implementadas en sectores como el financiero, asegurador, retail y público, donde la confianza no es un valor agregado, sino un requisito operativo.

El reto es lograr una articulación efectiva entre la regulación, tecnología y cultura digital. Las leyes deben ser claras, pero también adaptables al entorno actual. Los ciudadanos deben contar con herramientas para comprender los riesgos y tomar decisiones informadas.

Colombia tiene la oportunidad de construir un marco de gobernanza en inteligencia artificial que no solo responda a los riesgos actuales, sino que siente las bases para un desarrollo tecnológico responsable. Regular los deepfakes no es frenar la innovación; es garantizar que avance sobre principios de confianza y seguridad.