Con la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales y el inicio de un nuevo ciclo político, la lupa sobre la contratación pública se vuelve más urgente que nunca. En un momento donde cada contrato puede tener implicaciones sociales, presupuestales o incluso electorales, fortalecer la vigilancia ciudadana deja de ser un gesto simbólico para convertirse en un acto de responsabilidad democrática.

La Red Summa, la alianza de instituciones públicas de educación superior en Colombia, lanzó un llamado claro: el control social no requiere ser experto, sino estar dispuesto a observar con atención, formular preguntas incómodas y usar las plataformas disponibles. Porque en un contexto donde la transparencia es clave, la participación activa de la ciudadanía puede marcar la diferencia.

El primer paso está en rastrear todo el proceso contractual desde el inicio. El SECOP I y II permiten revisar la trazabilidad completa: desde el estudio previo hasta la firma del contrato. Comprender cuántos proponentes participaron, qué modificaciones se hicieron en los pliegos o si se respetaron los cronogramas es fundamental para identificar posibles irregularidades sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Pero también es importante cruzar la información con el Plan Anual de Adquisiciones de cada entidad. Este documento revela qué se planeaba contratar en el año. Si empiezan a aparecer procesos que no estaban previstos, contrataciones repetidas con los mismos proveedores o adiciones continuas, es señal de que algo puede no estar bien.

Otra herramienta clave es el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, donde se puede ver cómo se están ejecutando los presupuestos. Contratos firmados sin respaldo presupuestal, desembolsos que no coinciden con lo planeado o demoras en la ejecución financiera son alertas que vale la pena revisar.

Además, el historial de los contratistas puede decir mucho. La plataforma Consulta Ciudadana permite verificar si una empresa ha tenido sanciones, inhabilidades o vínculos reiterativos con una misma entidad. Es una forma de entender si los contratos responden al mérito o a relaciones poco transparentes.

Finalmente, hay señales que se repiten en época electoral y que requieren una vigilancia especial: procesos publicados a última hora, contratación directa sin justificación técnica, modificaciones repentinas en pliegos, fragmentación de contratos para evitar licitaciones o una concentración inusual de adjudicaciones en pocos proveedores.

Desde Red Summa insisten en que no se trata de desconfiar por defecto, sino de vigilar con criterio. La veeduría no es una labor exclusiva de organismos de control, sino un ejercicio ciudadano al alcance de cualquier persona que quiera cuidar lo público. Y más aún en este momento, cuando el uso de los recursos del Estado puede definir el rumbo de las regiones.

Con esta apuesta pedagógica, la red universitaria busca seguir fortaleciendo la cultura democrática, el conocimiento aplicado y la participación ciudadana. Porque en tiempos de campaña, cuando la política y los recursos públicos convergen, el control social informado es una forma poderosa de defender la transparencia y el bien común.