Nos reportamos desde Bogotá para contarles que un contrato por más de 98 mil millones de pesos tiene en alerta a entes de control, profesores y analistas en Colombia. El proceso, que busca contratar la seguridad privada de las sedes de la Universidad Nacional, está bajo la lupa de la Contraloría y la Procuraduría por presuntas modificaciones irregulares de documentos, falta de publicidad y posibles favorecimientos.

El contrato fue adelantado bajo la figura de negociación global de precios, pero un episodio en particular disparó las alarmas: el 17 de octubre de 2025, la Universidad publicó el acta de cierre del proceso y, horas después, la sustituyó sin resolución ni aviso público, aceptando un ajuste de más de $27 mil millones en la propuesta de la Unión Temporal EAC. El periodista Melquisedec Torres denunció la situación en su cuenta de X, y el representante profesoral Diego A. Torres elevó la queja a la Procuraduría.

Como respuesta, la Contraloría General de la República ya solicitó explicaciones a la rectoría, exigiendo documentos, cronogramas, criterios de evaluación y correos relacionados con el proceso. Adicionalmente, se prohibió el uso de plataformas como Google Drive para enviar la información y se advirtió sobre posibles sanciones.

Pero eso no es todo. El profesor Torres también denunció otras irregularidades, como exigencias desproporcionadas a los oferentes, limitación de la participación con requisitos que excluirían a varias empresas y obligaciones contractuales sin pago, en aparente contradicción con lo establecido por la Supervigilancia.

El contrato, tramitado en temporada vacacional y con una sola propuesta recibida, ha despertado dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso. La Universidad, por ahora, guarda silencio. Ha defendido su actuar amparada en su régimen especial de contratación, pero expertos recuerdan que normas como la Ley 2195 de 2022 y circulares de Colombia Compra Eficiente establecen límites claros incluso para entidades con regímenes especiales.

El caso sigue abierto, y podría convertirse en uno de los escándalos más sonados del año en el sector educativo. Desde Reporte Colombia, seguiremos atentos.