Nos reportamos desde el debate que se encendió tras la publicación de un informe del portal Desigual, retomado por El Tiempo, en el que se formulan cuestionamientos sobre supuestos costos y decisiones administrativas durante la gestión del exrector Leopoldo Múnera al frente de la Universidad Nacional de Colombia. El documento pone bajo la lupa cifras presupuestales, contratos y pagos que, según el medio digital, merecerían mayor explicación pública.

Uno de los puntos centrales del informe es el presupuesto de la Universidad Nacional para 2025, estimado en $3,28 billones, cifra que el portal divide entre los 365 días del año para señalar que la institución administraría alrededor de $9.008 millones diarios. Con ese cálculo, el medio argumenta el impacto económico que podrían tener eventuales jornadas sin actividad académica. Sin embargo, expertos en administración pública suelen advertir que este tipo de operaciones aritméticas no necesariamente reflejan la ejecución real del gasto, que está distribuido en nómina, inversión, funcionamiento y proyectos plurianuales.

El informe también menciona que Múnera habría recibido más de $650 millones en salarios que, según la interpretación del portal, no corresponderían, además de supuestas inconsistencias relacionadas con recursos destinados a la sede de Tumaco, un contrato de vigilancia que superaría los $70.000 millones, la creación de una facultad en Manizales, gastos en infraestructura, proyectos de extensión, viáticos y variaciones en el número de aspirantes. Parte de la información citada provendría de documentos públicos, mientras que otros datos corresponderían a cálculos propios del medio que aún estarían pendientes de verificación o respuesta oficial.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento detallado del exrector frente a cada uno de los señalamientos. El debate se da en un contexto sensible para la universidad pública, donde la transparencia en el uso de recursos es un tema de alta sensibilidad política y social. La Universidad Nacional, por su tamaño y presupuesto, es uno de los entes académicos más relevantes del país y cualquier cuestionamiento sobre su administración genera repercusiones amplias.

¿Por qué importa esta discusión? Porque trasciende un nombre propio. La conversación gira en torno a la gestión de recursos públicos en la educación superior, la responsabilidad de los directivos y la necesidad de contrastar información antes de sacar conclusiones. En un país donde el presupuesto universitario es estratégico para la formación y la investigación, la transparencia y el debido proceso son claves para evitar que el debate se convierta en juicio mediático sin verificación completa.