Fugas tóxicas, incendios y explosiones pueden convertirse en desastres ambientales y sociales donde la respuesta tarda más de lo que una emergencia permite.

Nos reportamos desde Bogotá, donde un dato inquietante acaba de encender las alertas en el país: más del 60 % de las plantas químicas ubicadas en zonas rurales de Colombia no cuentan con capacidad efectiva de respuesta ante una emergencia. Lo advirtió SACS Group, firma especializada en gestión del riesgo, con base en cifras de la ANDI y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El problema es estructural. Estas plantas operan en áreas no urbanas con baja presencia institucional, sin cuerpos de bomberos especializados, sin sistemas de alerta temprana ni planes de evacuación comunitarios. ¿El resultado? Cualquier falla técnica puede desencadenar una cadena de eventos con consecuencias desproporcionadas: contaminación de ríos, afectación a cultivos, desplazamientos por exposición a tóxicos y daños irreversibles a ecosistemas enteros.

Para Carolina López Pérez, gerente técnica de SACS Group para Latinoamérica, el panorama es crítico:

“Las plantas químicas en zonas rurales concentran un riesgo silencioso. Allí, cada minuto de respuesta cuenta y muchas veces no hay con qué responder”.

A diferencia de los centros industriales urbanos, donde existen protocolos articulados y cuerpos especializados, en las zonas rurales las emergencias suelen enfrentarse con brigadas sin entrenamiento profesional, ausencia de monitoreo continuo y falta de articulación entre empresas, comunidad y autoridades. Una nube tóxica, una explosión por vapores o una fuga de amoníaco no dan espera.

SACS Group, que lidera entrenamientos certificados en Colombia junto con Texas A&M University, propone un modelo de prevención activa que va más allá de los límites de la planta. Sus recomendaciones incluyen desde auditorías de seguridad y adecuación de infraestructura hasta la formación de brigadas comunitarias, monitoreo ambiental permanente y fortalecimiento normativo.

Pero más allá de la técnica, el llamado es político y social: no se trata de cerrar las plantas, sino de garantizar que su operación no se convierta en una amenaza para la vida rural.

“El riesgo es silencioso, pero también prevenible. La diferencia entre una emergencia controlada y una catástrofe está en lo que se haga antes de que ocurra el primer incidente”, concluye López.

La advertencia está hecha. La pregunta es si las autoridades, las empresas y las comunidades están listas para actuar antes de que sea demasiado tarde.