Nos reportamos desde nuestra redacción digital con un balance para mirar de cerca: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó el 10 de noviembre que aumentaron los bloqueos de líneas y celulares usados sin autorización desde cárceles. El reporte oficial, basado en datos de operadores, compara septiembre con octubre de 2026. El mayor incremento porcentual en líneas fue de 97,08 %. Ese dato describe bloqueos, no una reducción equivalente de las extorsiones.
Qué muestran los números
Según MinTIC, Tigo pasó de 240 a 473 líneas bloqueadas; Claro, de 303 a 408; y WOM, de 50 a 93. También crecieron los bloqueos de dispositivos: Tigo reportó un cambio de 211 a 251 equipos; Claro, de 229 a 346; y WOM, de 98 a 141. Son resultados atribuidos al Ministerio y a los operadores, no una medición independiente realizada por este medio.
La distinción entre línea y equipo es clave. Una línea identifica el servicio asociado a una cuenta o tarjeta SIM. El IMEI es el identificador del aparato, una especie de número de serie que permite distinguirlo en las redes móviles. Bloquear una línea y bloquear un teléfono son acciones diferentes; sumar ambas como si fueran personas o casos de extorsión produciría una cuenta engañosa.
El control técnico y sus límites
La ministra TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, presentaron el balance como parte del trabajo contra comunicaciones no autorizadas desde establecimientos penitenciarios. MinTIC anunció además la estructuración de un protocolo con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), entidad técnica del sector, para coordinar inspecciones y mejorar los tiempos de respuesta. El protocolo es una acción anunciada, no un resultado ya demostrado.
Para evaluar si los controles funcionan hacen falta más preguntas. ¿Cuánto tarda en bloquearse una línea identificada? ¿Qué ocurre si se cambia de aparato? ¿Qué evidencia permite relacionar la comunicación con un delito? Más bloqueos pueden mostrar mayor actividad de detección y control, pero no dicen por sí solos cuántas víctimas dejaron de recibir amenazas. Comparar periodos equivalentes y explicar qué se cuenta es esencial.
Si la llamada le llega a usted
La Policía Nacional mantiene la línea 165 del GAULA para reportar situaciones relacionadas con extorsión. Su campaña pide no pagar ni negociar con quienes hacen exigencias y buscar orientación de las autoridades. El GAULA es el grupo especializado contra el secuestro y la extorsión. Usted no necesita establecer por su cuenta desde qué cárcel o ciudad salió la comunicación para pedir ayuda.
También conviene distinguir una amenaza de una llamada comercial y de un intento de estafa. No todas se atienden del mismo modo. La prevención digital exige verificar identidades por canales oficiales, como explicamos en la nota sobre correos que suplantan citaciones judiciales. Un nombre, un uniforme en una videollamada o un documento de apariencia institucional no prueban por sí solos quién está detrás.
Los bloqueos son una herramienta que vale seguir, y las víctimas necesitan respuestas que vayan más allá de la estadística. Si usted enfrenta una exigencia extorsiva, busque orientación en el 165; para evaluar el balance público, pidamos cifras que expliquen qué cambió y cómo se comprobó. 📵
