Nos reportamos desde la discusión sobre un Estado que pide menos papeles y responde mejor: las comisiones sextas del Congreso estudian el proyecto de ley de competitividad. La novedad importa si usted tiene un negocio, quiere formalizarse o necesita adelantar un trámite. Hay propuestas para reducir duplicidades y coordinar entidades, pero conviene empezar por lo esencial: el proyecto sigue en discusión; no es todavía una ley vigente.
Qué pasó en el Congreso
El Senado informó el 15 de octubre de 2026 sobre la sesión conjunta realizada el día anterior con la Cámara de Representantes. El Gobierno presentó la iniciativa con mensaje de urgencia, que explica la discusión conjunta en primer debate, pero no equivale a una aprobación automática.
Según el reporte, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, defendió la simplificación y el intercambio de información. La senadora María Lucía Villalba respaldó la necesidad de evitar procesos fragmentados. María Eugenia Londoño pidió aplazar la votación y abrir audiencias para examinar el impacto en las comunidades. La discusión, por tanto, incluye tanto la promesa de eficiencia como la pregunta por la participación.
La propuesta: que los datos viajen entre entidades
En su presentación del proyecto, del 18 de agosto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo describió un Expediente Único Empresarial Digital y el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial, conocida como VUE. La idea es evitar que las empresas entreguen una y otra vez información que ya está en poder del Estado.
El Ministerio también planteó coordinar trámites simultáneos y concentrar los requerimientos de información, en lugar de pedir documentos por tandas. Para las microempresas propuso eliminar el cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos. Son medidas anunciadas dentro de un proyecto: no autorizan a dejar de pagar obligaciones actuales ni a omitir requisitos vigentes.
MinComercio sostuvo que los controles necesarios de salud, seguridad, ambiente y protección de terceros deben mantenerse. Simplificar, bajo ese planteamiento, no significa que cualquier actividad quede libre de vigilancia.
Digitalizar no es poner la fila dentro de una pantalla
Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de intercambiar información de manera útil. Un ejemplo ilustrativo: si una entidad puede verificar un dato con otra, usted no tendría que actuar como mensajero entre ambas. Eso exige definir quién consulta, para qué y con qué responsabilidades; una plataforma bonita no resuelve por sí sola esas preguntas.
Nuestra lectura es que la evaluación debe mirar el recorrido completo del trámite: cuántos pasos exige, cuánto tarda la respuesta y cómo se corrigen los errores. Si el ciudadano termina imprimiendo el formulario que diligenció por internet, cambiamos de pantalla, pero no necesariamente de problema. La burocracia también sabe usar computador.
El tema conecta con el debate sobre gestión documental e inteligencia artificial que explicamos en Reporte Colombia. Allí hablamos de herramientas y de un diagnóstico empresarial; aquí seguimos una iniciativa legislativa. No son el mismo anuncio ni tienen los mismos efectos jurídicos.
Qué conviene vigilar ahora
Nos interesa conocer el texto que avance, los ajustes surgidos del debate y las condiciones concretas de implementación. Una propuesta puede cambiar durante su trámite. Por eso, antes de dar por eliminado un requisito, revise la norma aplicable y la información oficial de la entidad que lo exige.
Foto de archivo: Capitolio Nacional, Bogotá, enero de 2011. Coronades03, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. No muestra la sesión de octubre de 2026.
Nos quedamos con una medida sencilla: menos vueltas para usted y respuestas que se puedan comprobar. La mejor ley antitrámites no será la que produzca más titulares, sino la que deje de convertir al ciudadano en el archivador ambulante del Estado. 📄
