El Congreso debe definir hoy el Presupuesto 2026. Gobierno ofrece recortar $10 billones, mientras la oposición insiste en ajustes de $26,3 billones.
Nos reportamos en medio el pulso fiscal más intenso del año: el Congreso tiene hasta hoy, 15 de septiembre, para definir el monto del Presupuesto General de la Nación 2026. La cifra original de $557 billones se convirtió en terreno de disputa entre Gobierno y oposición, que no logran ponerse de acuerdo sobre cuánto recortar ni cómo financiar los gastos. El riesgo de que el presupuesto termine aprobado por decreto, como en 2024, vuelve a estar sobre la mesa.
El Gobierno Nacional insiste en que el monto no debería reducirse más allá de $10 billones, mientras congresistas de oposición plantean un recorte de $26,3 billones. Incluso hay propuestas más drásticas, como la del senador Ciro Ramírez, que pide disminuir $39,5 billones, dejando el presupuesto en $517,4 billones.
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El Reporte de hoy: siete propuestas y el reloj en contra
La senadora Angélica Lozano, ponente del plan, reveló que se han radicado siete proposiciones para modificar el monto. La más leve es la de la representante Olga Lucía Velásquez, quien propone que el presupuesto quede en $550 billones, mientras que la más fuerte es la de Ramírez, que plantea el recorte de casi $40 billones.
El representante Óscar Darío Pérez advirtió que esta definición es crucial en un periodo previo a elecciones presidenciales. “Nosotros vamos a seguir elaborando nuestra ponencia para primer debate, donde propondremos un monto inferior en $26,3 billones, restados de $556,9 billones del Presupuesto total. Sobre esa base construiremos la ley de apropiaciones”, afirmó.
La ley de apropiaciones define los gastos específicos del Estado y es un rubro clave porque involucra recursos de entidades como la Registraduría, la Procuraduría y otros órganos de control.
Lo que ofrece el Gobierno
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se mostró dispuesto a ceder $10 billones en el proyecto de financiamiento. Esa rebaja se reflejaría en la eliminación de impuestos como el IVA a la gasolina y al diésel, el gravamen a los juegos de suerte y azar, así como el IVA a vehículos híbridos y a la cerveza.
Ávila defendió que su “Pacto Fiscal” es progresivo: quienes más tienen, más deben aportar. Subrayó además que los gastos de funcionamiento son difíciles de recortar, porque corresponden a obligaciones permanentes del Estado, y defendió la suspensión de la regla fiscal como herramienta para garantizar sostenibilidad a mediano plazo.
El choque con las regiones
Un punto crítico es la forma en que se contabilizan los ingresos de la tributaria. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que cerca del 28 % del recaudo provendría de modificaciones al IVA, un ingreso que pertenece a las regiones, no al Gobierno central.
Los impuestos al alcohol y al tabaco, cedidos a los departamentos por leyes anteriores, representan un flujo vital: en 2024 aportaron $5,4 billones, equivalentes al 43 % de los ingresos propios de las regiones. En Bogotá, por ejemplo, sumaron $700.000 millones. Estos recursos financian principalmente salud, educación y deporte en zonas como Chocó, Vichada y La Guajira.
El director del observatorio, Mauricio Salazar, advirtió que incluir estas rentas como nacionales desconoce la autonomía territorial y podría incentivar problemas como el contrabando: “Cambios tan bruscos en los tributos pueden generar efectos indeseados”.
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Si no hay acuerdo, ¿qué pasará?
Si el Congreso no logra aprobar el monto hoy, el Gobierno podría expedir el presupuesto por decreto presidencial, tal como ocurrió en 2024. Ese escenario, calificado como “dictadura fiscal” por la oposición, podría terminar en la Corte Constitucional, que tendría la última palabra.
Así se lo contamos en Reporte Colombia
El Presupuesto 2026 es hoy la moneda de cambio en un pulso que mezcla política, economía y autonomía regional. El reloj corre y la decisión definirá si el país arranca 2026 con un plan consensuado o con un decreto que desate nuevas batallas jurídicas y políticas.
