En la mañana de hoy, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió una medida cautelar contra el Decreto 0639 de 2025. El tribunal consideró que el presidente había excedido sus competencias al impulsar la consulta popular sin contar con el aval del Senado, como lo exige el artículo 104 de la Constitución.
Este decreto había sido anunciado por Petro tras la negativa del Senado en mayo, con el argumento de que dicho rechazo no era vinculante. Sin embargo, para el Consejo, esa decisión legislativa es un requisito indispensable para convocar un mecanismo de participación ciudadana de esta magnitud.
Como resultado de la suspensión, cualquier preparación logística —como contratación de personal, diseño de materiales o planificación técnica— queda detenida hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto. En paralelo, el registrador Hernán Penagos reiteró hoy que no avanzará en ninguna actividad relacionada con la consulta sin una orden judicial definitiva.
El Gobierno anunció que apelará la decisión ante la misma corporación y tiene previsto acudir a la Corte Constitucional para restablecer el decreto. Organizaciones civiles y sectores académicos califican esta decisión como una victoria para el orden institucional, advirtiendo que, sin debate ni respaldo legislativo, una consulta popular puede desdibujar los límites del poder ejecutivo .
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Con este fallo, Colombia entra en una nueva fase de confrontación institucional: se abre una pulseada jurídica sobre quién controla los mecanismos de participación ciudadana y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo sin vulnerar los principios de control parlamentario.
