Comunidades rurales denuncian que Cortolima bloqueó injustamente un proyecto solar que traía empleo y energía limpia al municipio de Venadillo (Tolima).

Una comunidad rural del Tolima acaba de lanzar una alerta que debería encender focos rojos en el debate sobre transición energética en Colombia. Lo que comenzó como una apuesta por el desarrollo sostenible, terminó en una denuncia pública por presunto abuso institucional.

El proyecto solar Los Venados, promovido por la multinacional Voltalia en zona rural de Venadillo, prometía generar energía limpia, empleo rural y formación técnica. Sin embargo, fue frenado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que negó la licencia ambiental pese al respaldo comunitario y el cumplimiento de requisitos técnicos.

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Ahora, los habitantes de la vereda Cofradía–Gallego se preguntan: ¿por qué se castiga a quienes le apuestan al futuro?

¿Una autoridad ambiental que no escucha a su comunidad?

Según el derecho de petición dirigido a la Procuraduría por Eduard Ferley Carrillo, presidente de la Junta de Acción Comunal, la decisión de Cortolima desconoce por completo la participación ciudadana y la evidencia técnica. “Nos están vulnerando el derecho al trabajo y a un ambiente sano”, dice el documento firmado por la comunidad.

El reclamo no solo es por el fondo de la decisión, sino por la forma: un trámite que se alargó por meses, respuestas consideradas «superficiales» y un silencio que dejó a una comunidad esperando respuestas mientras veía cómo se evaporaban sus oportunidades de empleo.

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Energía limpia, empleos rurales y formación técnica… todo paralizado

Los testimonios recogidos en el territorio dan cuenta de una comunidad que no solo acompañó el proceso, sino que fue protagonista. Desde las socializaciones iniciales hasta la recolección de datos técnicos, pasando por capacitaciones en energías renovables con el SENA, los habitantes de Cofradía–Gallego se preparaban para asumir un papel activo en la transición energética.

“El personal que necesitaban lo contrataron aquí. Estábamos estudiando para ser técnicos en paneles solares. Pero todo eso se paró. La gente está desilusionada”, relató Carrillo.

Una región golpeada por el desempleo ve frustrada una oportunidad real

La cancelación del proyecto representa un golpe fuerte para un municipio con pocas alternativas productivas. De acuerdo con cifras de la Universidad de Ibagué, en 2021 Venadillo aportó apenas el 1,07% del valor agregado del departamento, reflejo de su baja industrialización. A esto se suma una tasa de desempleo del 12% en Tolima (DANE, 2024).

Con una inversión proyectada de más de 10 millones de dólares, la planta fotovoltaica Los Venados ofrecía una alternativa para dinamizar la economía rural, generar empleo directo e indirecto, y reducir 23.000 toneladas de CO₂ al año.

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¿Silencio institucional ante el clamor ciudadano?

Pese a haber respondido a los 41 requerimientos formulados por Cortolima, entregar estudios y modelaciones, y cumplir con las visitas técnicas, la licencia fue negada sin explicación proporcional. La comunidad insiste en que el proceso fue transparente, con presencia permanente de la empresa desde 2023 y acompañamiento en campo por parte de la ciudadanía.

Más que un trámite negado, lo que denuncian es un trato institucional que invisibiliza su voluntad, y una lógica que, según sus palabras, parece premiar extractivismos y castigar las iniciativas limpias. “Si fuera una licencia para extraer materiales del río, ahí sí la aprueban de inmediato”, sentenció uno de los líderes.

Una pregunta que incomoda: ¿quién decide qué es desarrollo?

Lo ocurrido en Venadillo pone sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria. En un país que ha asumido compromisos climáticos, ¿por qué se sigue frenando la participación comunitaria en proyectos sostenibles? ¿Por qué la institucionalidad sigue tratando al campo como receptor pasivo y no como protagonista del cambio?

El caso Los Venados es más que una disputa técnica. Es el reflejo de una tensión entre la voluntad ciudadana y el poder decisorio de entidades que, paradójicamente, fueron creadas para proteger el ambiente y garantizar el desarrollo armónico de los territorios.

Y mientras el reloj climático no se detiene, una comunidad rural del Tolima sigue esperando que alguien escuche su voz. Porque esta vez, el futuro sí venía del sol.