l nuevo modelo preventivo de salud ya es norma. Así se organizará la atención en Colombia, según el Decreto 0858 de 2025.

La reforma a la salud del Gobierno Petro avanza, no por el Congreso, sino por decreto. El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0858 de 2025, con el cual se oficializa el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una de las apuestas más ambiciosas del actual gobierno. Esta decisión implica un giro estructural en la forma como se prestan los servicios de salud en Colombia, privilegiando la prevención por encima del tratamiento y fortaleciendo el primer nivel de atención en todo el país.

El nuevo modelo ya no es solo una propuesta: ahora es política pública con fuerza normativa.

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¿En qué consiste el nuevo modelo de salud preventiva?

El decreto redefine la lógica del sistema: pasa de una atención centrada en la enfermedad a una que pone el foco en la prevención, la promoción y el cuidado anticipado. Es decir, en vez de esperar a que una persona llegue enferma al hospital, el sistema debe actuar desde el territorio para evitar que enferme.

El modelo se basa en cinco principios: anticipación, territorialización, participación, atención resolutiva y equidad. Para ello, se implementarán Equipos de Salud Territorial conformados por médicos, enfermeras, promotores y otros profesionales que visitarán a las comunidades, incluso en las zonas más apartadas.

Estos equipos no estarán liderados por las EPS, sino por las entidades territoriales de salud. Sin embargo, las EPS sí deben articularse con ellos para garantizar continuidad en la atención.

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¿Cómo funcionará la atención en salud bajo este nuevo modelo?

La atención se organizará por niveles. El primero lo constituirán los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), brigadas comunitarias, visitas domiciliarias y servicios básicos y familiares. En un segundo nivel estarán los servicios de mayor complejidad, articulados en las llamadas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).

Cada región deberá definir su red según las condiciones culturales, sociales y epidemiológicas de su población. Por eso el decreto obliga a aplicar un enfoque diferencial, respetando la autonomía de los pueblos indígenas y articulando sus sistemas de salud propia (SISPI).

Además, la norma exige que el Estado garantice la prestación de servicios incluso si estos no resultan rentables. Es lo que el Gobierno denomina “rentabilidad social”, un principio que busca fortalecer hospitales públicos rurales, con inversión en infraestructura, tecnología y contratación de personal.

¿Qué cambia para las EPS?

Aunque las EPS no desaparecen, sí pierden el control operativo del sistema. Su papel cambia de ser el eje central de la atención a convertirse en un actor dentro de una red territorial coordinada por el Ministerio de Salud y las entidades locales.

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Ahora tendrán que participar en las RIITS, articularse con los Equipos de Salud Territorial y coordinar acciones en conjunto con autoridades locales. Esto marca una transición desde la intermediación financiera hacia un rol más colaborativo y técnico.

¿Cómo se financiará este nuevo modelo?

El decreto establece que los recursos vendrán del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Presupuesto General de la Nación, regalías, fondos territoriales y cooperación internacional.

No se asignan cifras exactas, pero sí se deja claro que los recursos deben priorizar la inversión en zonas rurales y dispersas, donde históricamente ha habido menor cobertura.

Además, la distribución de recursos debe tener en cuenta las particularidades de cada territorio. Esto obliga a planificar el gasto en salud de forma más justa y enfocada en cerrar brechas estructurales.

¿Es una reforma sin ley?

En términos jurídicos, sí. En términos prácticos, no.

Aunque la reforma a la salud no ha sido aprobada en el Congreso y aún espera tercer debate, el Gobierno ha encontrado una vía legal para activar sus pilares centrales. El Decreto 0858 no crea normas nuevas desde cero, sino que desarrolla principios ya contemplados en leyes vigentes, como la Ley Estatutaria de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo.

Con esta jugada, el Ejecutivo da un paso concreto para rediseñar el sistema de salud desde la regulación. Aunque el modelo actual sigue vigente en su estructura general, el enfoque, la organización y los instrumentos cambian de forma significativa.

En palabras simples: la reforma avanza sin ley, pero con fuerza de decreto.