El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto 2026. Si no hay acuerdo, podría repetirse un decreto presidencial con impacto en clase media y baja.
Nos reportamos desde el Capitolio, donde se libra la batalla por los $557 billones del Presupuesto 2026, pues la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) ha entrado en una fase decisiva.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el articulado el pasado 19 de agosto ante las comisiones económicas del Congreso, pero la sesión fue levantada tras un aluvión de críticas al monto proyectado: $557 billones, la cifra más alta de la historia.
El reloj corre: según la ley, el 20 de octubre de 2025 es la fecha límite para aprobar el Presupuesto. De lo contrario, el Gobierno podría repetir la jugada del año pasado y decretarlo de forma directa, sin pasar por el Legislativo.
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El Reporte de hoy: propuestas de recorte y dudas sobre la financiación
Varios congresistas de oposición radicaron una proposición para reducir el presupuesto en $40 billones, llevándolo a $517 billones. El argumento es que la propuesta del Gobierno se apoya en una reforma tributaria incierta (que busca recaudar $26,3 billones) y en ingresos sobreestimados por $13,2 billones.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que existe una brecha de recursos de $39,5 billones para cumplir con la meta de déficit fiscal del 6,2 % del PIB en 2026. De ese faltante, $26,3 billones dependen de una ley de financiamiento inexistente.
¿Debate real o presupuesto por decreto?
El recuerdo de 2024 sigue fresco. Ese año, al no prosperar la discusión en el Congreso, el presidente Gustavo Petro decretó el Presupuesto, una situación inédita que dejó mal sabor político y dudas sobre el equilibrio de poderes.
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El exministro José Antonio Ocampo cree que esta vez habrá acuerdo, aunque con recortes tanto en inversión como en funcionamiento. Sin embargo, voces como la de David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, advierten que podría repetirse el escenario del decreto presidencial si Congreso y Gobierno no logran consenso.
Efectos para la economía… y para la clase media y baja
Si el Presupuesto vuelve a salir por decreto, los riesgos no son menores:
- Más deuda: Colombia ya bordea el 60 % del PIB en endeudamiento.
- Déficit creciente: El año pasado fue del 7,1 % del PIB y podría escalar a 7,5 % en 2026.
- Impacto en calificadoras: Un desbalance fiscal mayor puede traducirse en pérdida de confianza internacional.
Para los colombianos de clase media y baja, el efecto más directo sería un recorte en inversión social. Si el Gobierno decide priorizar el pago de deuda (más de $102 billones) y el funcionamiento del Estado (cerca de $366 billones), programas de subsidios, educación, salud e infraestructura local podrían recibir menos recursos.
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En palabras simples: menos inversión pública significa menos oportunidades y más presión económica para los hogares que dependen de ayudas estatales o del dinamismo laboral que generan las obras públicas.
Así se lo contamos en Reporte Colombia
El trámite del Presupuesto 2026 es más que un debate técnico: es una pulseada política con consecuencias directas en el día a día de los colombianos. Si el Congreso aprueba el monto, deberá definirse qué se recorta y en qué se invierte. Si no lo hace, el Gobierno podría decretarlo, pero con un costo fiscal y social elevado.
El reloj avanza hacia el 20 de octubre y con él la incertidumbre: ¿consenso político o presupuesto por decreto? Lo único seguro es que el resultado marcará el rumbo económico de millones de familias en 2026.
