El presidente Gustavo Petro anunció hoy que retirará la consulta popular que había convocado para refrendar la reforma laboral, tras la aprobación en el Senado de una versión que cumple con sus expectativas. La medida elimina la necesidad de activar el mecanismo participativo, y Petro destacó la aprobación como una victoria política sin precedentes.
Sin embargo, el mandatario no se detiene allí: aprovechando el impulso de la reforma laboral, Petro ha propuesto incluir en las elecciones de 2026 una papeleta consultiva para decidir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Según él, esta es la vía para “transformar” la estructura institucional del país y dar legitimidad democrática a cambios futuros.
La decisión ha generado un fuerte debate político. Mientras sectores de la izquierda respaldan la idea, la oposición alerta sobre el riesgo de que la Asamblea Nacional Constituyente sea utilizada para modificar la Constitución sin un consenso amplio. Varios analistas advierten que, si no se acompaña de un proceso deliberativo riguroso, podría generar inestabilidad institucional.
Aun así, desde el Gobierno se insiste en que el camino de la consulta popular cumple su función y permitió sortear el escollo legal: ahora, los esfuerzos se concentrarán en articular una propuesta constitucional apoyada por los partidos afines. Para Petro, será el siguiente paso tras la reforma laboral.
Este giro político deja al país en una situación crítica: se avanza en cambios estructurales por vías paralelas –una reforma laboral aprobada por el Congreso y una posible Constitución impulsada desde la ciudadanía– generando incertidumbre sobre los límites y alcances institucionales.
