Una vez más, la consulta popular se ubica en el centro del debate nacional. El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que convoca a este mecanismo de participación para preguntar a la ciudadanía sobre temas relacionados con la reforma laboral y el sistema de salud. Lo hizo pese a que el Senado había negado su trámite semanas atrás, en una votación ajustada de 49 contra 47.
La decisión ha sido calificada por congresistas de oposición y líderes de distintos partidos como un intento de pasar por encima del Legislativo. Además de la controversia jurídica, la convocatoria a la consulta popular ha desatado una ofensiva legal. Ya se han radicado demandas ante el Consejo de Estado y se ha solicitado una revisión por parte de la Corte Constitucional. Organizaciones como Fenalco y la ANDI manifestaron que la consulta popular, en estas condiciones, se convierte en una amenaza a la estabilidad económica y al marco normativo del país.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el decreto argumentando que la votación del Senado no fue válida y que la consulta cuenta con respaldo ciudadano suficiente para continuar su trámite por la vía ejecutiva. El presidente Petro ha dicho que se acudirá a todas las instancias jurídicas para proteger el derecho del pueblo a expresarse mediante una consulta popular vinculante.
Opiniones del sector político
El mecanismo de participación se proyecta como una herramienta de presión política, mientras el oficialismo busca movilizar a sus bases mediante cabildos abiertos y actos públicos. En paralelo, partidos de oposición han comenzado a organizar campañas para frenar el avance del mecanismo, que consideran riesgoso.
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Expertos constitucionalistas advierten que, aunque la consulta popular está contemplada en la legislación, su uso sin control parlamentario podría debilitar los pesos y contrapesos institucionales. Para muchos, esta es la séptima vez que la figura de la consulta popular aparece en el centro de una polémica nacional desde 1991.
Por ahora, el país queda a la espera de que las cortes se pronuncien. Lo cierto es que esta nueva convocatoria no solo pone a prueba al gobierno Petro, sino también a todo el sistema democrático colombiano.
