Una pugna entre la JEP y la Unidad de Búsqueda por el control de las excavaciones en Medellín ha encendido las alarmas entre víctimas y organismos internacionales. El desacuerdo amenaza con frenar la recuperación de cuerpos de desaparecidos y pone en evidencia tensiones dentro del sistema de justicia transicional.
La disputa entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) alcanzó este sábado 31 de mayo un nuevo nivel de tensión, luego de que organizaciones de derechos humanos denunciaran el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El desacuerdo se centra en las excavaciones en La Escombrera, Medellín, una zona señalada como uno de los mayores cementerios clandestinos del país.
La UBPD lideraba desde abril una intervención humanitaria en el lugar, con el fin de hallar restos de personas desaparecidas durante la Operación Orión, ocurrida en la Comuna 13 entre 2002 y 2003. Sin embargo, tras el hallazgo de restos óseos, la JEP asumió el control del sitio bajo el argumento de que se trataba de material probatorio en el marco de un caso judicial.
Según denunció la UBPD, la actuación de la JEP transformó un proceso de carácter humanitario en una investigación penal, excluyendo a su equipo técnico y bloqueando el ingreso de los familiares de las víctimas. “El enfoque judicial no puede imponerse por encima de los derechos de las familias. La JEP debe actuar con sensibilidad, y no cerrar espacios de verdad que son esenciales para la reparación”, expresó una vocera de la Unidad.
Organizaciones acompañantes advirtieron que la intervención unilateral de la JEP no solo frena el proceso de identificación y entrega digna de cuerpos, sino que también contraviene los principios de coordinación interinstitucional del sistema de justicia transicional. A raíz de esta situación, se solicitó la intervención de la Corte IDH, argumentando que el Estado colombiano está incumpliendo sus obligaciones frente a las víctimas de desaparición forzada.
Uno de los casos más representativos es el de Arles Edisson Guzmán, un joven desaparecido en 2003, cuya familia lleva más de una década exigiendo excavaciones en La Escombrera. La JEP investiga los hechos como parte del macrocaso 004, que aborda crímenes cometidos por agentes del Estado en Medellín, pero las víctimas temen que la judicialización retrase indefinidamente la recuperación de los cuerpos.
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La JEP, por su parte, argumenta que debe garantizar la cadena de custodia y el debido proceso judicial para que los hallazgos puedan ser utilizados como pruebas en casos penales. Sin embargo, expertos en justicia transicional insisten en que debe encontrarse un equilibrio que permita avanzar tanto en la verdad judicial como en la verdad humanitaria.
Este es el segundo conflicto entre la JEP y la UBPD en menos de un año, lo que evidencia una falta de articulación que pone en riesgo el enfoque reparador del sistema. La Corte IDH evaluará ahora si la actuación de la JEP vulnera los derechos de los familiares de los desaparecidos y si se requieren medidas cautelares para garantizar el acceso a la verdad.
Mientras tanto, en Medellín, las familias continúan esperando que las instituciones no solo investiguen, sino que escuchen. Porque, como repiten las madres de la Comuna 13, “La Escombrera no necesita más burocracia: necesita respuestas”.
