Nos reportamos desde el debate diplomático que Colombia llevó a Nueva York el 12 de octubre de 2026: el canciller Omar Bula propuso ajustar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU. La idea del Gobierno es concentrar el seguimiento internacional en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, y dejar la reforma rural integral bajo la institucionalidad permanente del Estado. Es una propuesta que merece leerse con cuidado: pedir un cambio todavía no equivale a tenerlo aprobado.
Qué planteó el Gobierno
En su intervención oficial ante el Consejo de Seguridad, Bula sostuvo que las tareas sobre tierra, propiedad y desarrollo productivo requieren una acción estatal de largo plazo. También afirmó que el compromiso con la implementación del Acuerdo Final continúa y que la cooperación internacional puede seguir acompañando proyectos rurales. Esos son los argumentos de la administración de Abelardo de la Espriella, no una evaluación independiente de sus resultados.
El canciller reconoció que la decisión formal corresponde al Consejo de Seguridad. Por eso, no debemos interpretar el anuncio como una salida de Naciones Unidas del país ni como una modificación automática del acuerdo firmado en 2016.
Una misión no es todo el sistema de Naciones Unidas
Si usted se pregunta qué hace exactamente esta misión, empecemos por su apellido: verifica. El repertorio oficial del Consejo de Seguridad explica que fue creada mediante la resolución 2366 de 2017 para seguir la reincorporación política, económica y social de antiguos integrantes de las FARC-EP y las garantías de seguridad. FARC-EP significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, la organización que suscribió el acuerdo con el Estado.
Su mandato actual fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026 por la resolución 2798 de 2025. La misma documentación registra el seguimiento a la reforma rural, incorporado mediante la resolución 2673 de 2023. Esa fecha de vencimiento ayuda a entender por qué el alcance de la misión entra ahora en discusión.
La ONU, Organización de las Naciones Unidas, reúne además múltiples agencias y programas. Cambiar las funciones de una misión específica no significa, por sí mismo, cerrar todas esas actividades. Conviene evitar ese salto en la lectura del titular.
Por qué esto importa en Colombia
La reincorporación busca que quienes dejaron las armas construyan una vida civil. La reforma rural se ocupa de asuntos como acceso a tierra y oportunidades en el campo. Son componentes relacionados, aunque no idénticos: uno mira la transición de personas y el otro condiciones territoriales más amplias. El debate es sobre cómo acompañar y comprobar esos compromisos, no sobre una simple reorganización de escritorios.
El representante de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, también intervino el 12 de octubre. La publicación oficial de sus palabras destaca aportes del acuerdo a la paz, al desarrollo rural y a la presencia estatal. Son perspectivas que debemos contrastar, sin presentar la posición de una parte como consenso de la otra.
Ya hemos seguido la participación colombiana en el Consejo de Seguridad. Esta vez, más allá del discurso, las preguntas para seguir son concretas: qué funciones conservará la misión, cómo se reportarán los avances y qué compromisos podrá comprobar la ciudadanía. Nuestra lectura es que el mejor indicador será la claridad del seguimiento.
Fotografía de archivo: sala del Consejo de Seguridad, Nueva York, 6 de septiembre de 2024; no corresponde a la sesión de octubre de 2026. Jdforrester, CC BY 4.0.
Nos quedamos con una regla útil: distinguir el anuncio de la decisión y la decisión de sus resultados. En este tema, la medida que importa es que las comunidades puedan vivir con seguridad y ver compromisos cumplidos; esa será la vara con la que seguiremos el debate. 🕊️
