Nos reportamos desde los salones de el Congreso, porque con la entrada en vigencia de la Ley 2573 de 2026 comienza a aplicarse una movida normativa que busca salvarle el bolsillo y la tranquilidad a miles de colombianos. Resulta que entre 2022 y lo que va de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio registró casi 14.000 reclamos por suplantación de identidad, y el 81% de esos dolor de cabeza se dieron tratando de sacar líneas telefónicas o servicios de telecomunicaciones a nombre de otra persona. A partir de ahora, la regla cambia por completo: el chiste de «a usted le toca probar que no pidió ese préstamo» se acabó.
Con este nuevo marco legal, la obligación de probar la verdad recae sobre los bancos, financieras y empresas de telefonía. Si un ciudadano reporta que fue víctima de suplantación, la entidad debe congelar de inmediato el cobro, suspender los intereses y evitar que la persona quede marcada con un reporte negativo en Centrales de Riesgo. Además, la empresa cuenta con solo 10 días para entregar copia de los documentos y registros con los que aprobó el trámite; si no lo hace en ese plazo, la ley asume que el ciudadano decía la verdad y la reclamación se da por ganada a favor de la víctima.
Por supuesto, esto exige que las organizaciones adopten tecnologías avanzadas como la biometría facial con prueba de vida para validar la identidad de cada usuario en el momento de la contratación. Ya no basta con decir que revisaron la cédula; ahora las empresas tienen que guardar la evidencia digital de cómo verificaron a la persona. La clave aquí pasa por la capacidad de detectar contenidos sintéticos o imágenes clonadas para evitar que los defraudadores engañen a los sistemas, elevando la exigencia técnica en el onboarding de clientes tanto para el sector bancario como para el de telecomunicaciones.
La norma también refuerza la idea de que la protección de la identidad digital es una responsabilidad compartida. Mientras las organizaciones deben fortalecer sus controles y adoptar tecnologías más robustas para prevenir el fraude, los ciudadanos también desempeñan un papel fundamental al proteger su información personal, revisar periódicamente las operaciones realizadas a su nombre y reportar de manera oportuna cualquier irregularidad.
Para OlimpIA, esta nueva etapa regulatoria impulsa la adopción de modelos de identidad digital más seguros, confiables y acordes con las nuevas exigencias legales. La articulación entre regulación, tecnología y prevención será clave para fortalecer la confianza digital y contribuir al desarrollo de un ecosistema más seguro para ciudadanos y organizaciones. Como parte de este compromiso, la compañía realizará en septiembre la segunda edición de Next Gen ID 2.0, un encuentro que reunirá a expertos para debatir sobre el futuro de la identidad digital y los desafíos de construir una confianza digital sin fricción.
El Reporte de hoy nos deja una enseñanza clara: la protección de los datos personales dejó de ser un trámite optativo para convertirse en un estándar exigible de seguridad digital. Aunque las entidades financieras y operadoras tienen ahora la responsabilidad de blindar sus procesos y demostrar que no actuaron a la ligera, el usuario mantiene la tarea de revisar con frecuencia sus estados de cuenta y reportar cualquier movimiento sospechoso al instante. La confianza en el entorno digital no se construye solo con trámites rápidos, sino garantizando que nadie pueda hacerse pasar por usted en la red.
