Nos reportamos desde una cifra que no es menor: en el primer semestre de 2025, el índice de fraude digital en Colombia se ubicó en 2,3%, según TransUnion. Puede parecer bajo, pero detrás de ese porcentaje hay millones de transacciones y un impacto económico que, según estimaciones de la Universidad Nacional, podría superar los 50 billones de pesos en pérdidas por suplantación de identidad digital este año. En una economía que cada vez depende más de trámites y servicios en línea, la pregunta ya no es si habrá fraude, sino cómo anticiparlo.
Ahí entra la validación facial. A diferencia de métodos tradicionales como la huella dactilar —que requieren escáner físico y pueden fallar por desgaste o problemas técnicos— el reconocimiento facial analiza patrones únicos del rostro y verifica en tiempo real que la persona esté realmente frente a la cámara. Es decir, no solo compara una foto: detecta señales que el ojo humano no puede identificar y que permiten anticipar intentos sofisticados de suplantación.
Para OlimpIA, liderada por Simbad Ceballos, la clave está en migrar hacia modelos de autenticación remota que eliminen la presencialidad innecesaria. “La identidad de cada colombiano puede convertirse en su propia llave de acceso desde cualquier dispositivo”, ha señalado la compañía, destacando que la validación facial no solo aumenta la seguridad, sino que agiliza trámites en sectores como el bancario, salud y servicios públicos.
El impacto no es solo técnico, sino social. En Colombia, muchos procesos aún dependen de la verificación presencial, lo que genera filas, demoras y barreras geográficas. La autenticación facial permite validar identidad desde cualquier lugar, ampliando el acceso a servicios financieros y gubernamentales, especialmente para comunidades alejadas de la infraestructura tradicional.
Este avance coincide con un entorno regulatorio más estricto. En julio de 2025, la aprobación de la Ley 2502 endureció las sanciones por suplantación de identidad cuando se emplea inteligencia artificial. Es una señal de que el fraude digital dejó de ser un problema marginal y se convirtió en un asunto de política pública.
¿Por qué importa esta evolución? Porque la confianza es la base de la economía digital. Si las personas no se sienten seguras al abrir una cuenta, firmar un contrato o acceder a un servicio en línea, el sistema se frena. La validación facial no es solo una herramienta tecnológica: es una pieza estratégica para construir una identidad digital moderna, segura y ágil. En un país donde el fraude evoluciona rápido, la seguridad también tiene que hacerlo.
