La Ley 2381, aprobada en 2024, enfrenta nuevos vicios de trámite. La Corte Constitucional tiene la última palabra.

Nos reportamos desde el Congreso, donde la reforma pensional enfrenta otra tormenta. La reforma pensional —Ley 2381 de 2024, eje de la agenda social del Gobierno— vuelve a caminar sobre terreno incierto. Pese a que la Corte Constitucional le había dado una segunda oportunidad para corregir errores de trámite, desde el Legislativo advierten que el intento de subsanación habría repetido los mismos vicios, dejando el proyecto bajo la lupa del alto tribunal.

El nuevo capítulo tiene como epicentro el Auto A-841 de 2025, firmado el 17 de junio y notificado el 14 de agosto, en respuesta a una demanda de la senadora Paloma Valencia. En su recurso, alegó que la Cámara de Representantes aprobó en bloque el texto del Senado sin debate suficiente, violando el principio de consecutividad del artículo 157 de la Constitución.

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El Reporte de hoy: lo que ordenó la Corte y lo que se hizo

La Corte coincidió en que se vulneró el deber de deliberación mínima y devolvió el trámite a la plenaria de la Cámara para garantizar un debate real. Fue explícita: la proposición de acoger el texto del Senado debía ser el inicio de la discusión del articulado, no el final.

Pero la plenaria del 28 de junio, convocada mediante el Decreto 0747 de 2025 del presidente Gustavo Petro, intentó cumplir con la orden antes de la notificación oficial del auto y, según la senadora Valencia, lo hizo basándose en un comunicado de prensa. Afirma que no se discutieron las más de 700 proposiciones previas ni las 61 adicionales presentadas en sesiones extraordinarias.

“De nuevo, no permitieron el debate. Votaron a ciegas basados en un comunicado de prensa”, señaló Valencia.

¿Corre el riesgo de hundirse?

Para los críticos, el procedimiento del 28 de junio desobedeció el espíritu y la letra del fallo. Para la bancada de gobierno, en cambio, esa sesión cumplió con las exigencias de la Corte. El alto tribunal deberá decidir si el vicio fue subsanado o si persiste, lo que abriría la puerta a declarar la inexequibilidad de la ley o devolver el proyecto para repetir el segundo debate con garantías.

La representante Lina María Garrido sostiene que el decreto de extraordinarias está viciado, pues convocó a sesionar antes de la notificación formal. Además, cuestiona que el auto tenga fecha del 17 de junio, pero la propia Corte haya informado el 7 de julio que aún estaba en trámite de documentación.

Un limbo con alto costo político

Mientras la Corte no se pronuncie, el articulado aprobado en 2024 no entra en vigor y el sistema pensional sigue funcionando bajo las reglas anteriores. La indefinición afecta no solo a millones de personas que esperan claridad sobre su jubilación, sino también a las finanzas públicas, que dependen del rediseño que plantea la reforma.

En el mejor escenario para el Gobierno, el fallo avalaría el procedimiento y la ley podría empezar a implementarse. En el peor, la Corte ordenaría repetir el debate por tercera vez o declararía la inexequibilidad total, hundiendo la iniciativa más ambiciosa en materia social del presidente Petro.

Así se lo contamos en Reporte Colombia

El futuro de la reforma pensional ya no se juega en las plenarias del Congreso, sino en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Lo que está en discusión no es solo un procedimiento legislativo, sino la viabilidad de una ley que redefine el sistema de jubilaciones en el país. Y en este pulso entre técnica jurídica y política, la última palabra aún está por escribirse.