Foto de archivo: Universidad del Rosario. Erick Rincón Cárdenas durante el conversatorio sobre emprendimiento digital del 10 de agosto de 2026, en el Auditorio Jockey. Imagen utilizada con autorización; no corresponde a la presentación del estudio sobre el SICOV.
Nos reportamos desde nuestra redacción digital con una pregunta que les importa a quienes hacen cursos de conducción, presentan exámenes de aptitud o toman un curso por una infracción: ¿se pueden simplificar los trámites sin debilitar los controles? Un análisis de la firma Rincón Cárdenas & Moreno sobre el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) propone integrar plataformas, evitar validaciones duplicadas y aclarar qué paga el ciudadano.
Según el boletín suministrado, el trabajo reúne 31 hallazgos en cuatro ejes: continuidad del control y seguridad jurídica; integridad y trazabilidad; interoperabilidad; y sostenibilidad económica. El inventario examina 65 normas e instrumentos, con corte al 22 de octubre de 2026. Sus conclusiones son preliminares: distinguen las obligaciones regulatorias, su implementación y los resultados que todavía necesitan evidencia.
“El ciudadano necesita trámites más simples, costos comprensibles y certeza de que los controles se cumplen. La integración entre sistemas ofrece una oportunidad para evitar duplicidades, pero debe preservar la trazabilidad y la información que necesitan las autoridades para ejercer su vigilancia”, señala Erick Rincón Cárdenas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en el boletín.
Que los sistemas se entiendan
En los cursos para infractores, el análisis identifica validaciones de identidad tanto en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como en el SICOV. Propone avanzar hacia una autenticación única e interoperable, con estándares comunes para los equipos biométricos. En palabras sencillas: que las plataformas puedan intercambiar y verificar información, en lugar de exigir procesos repetidos.
Eso requiere coordinación entre el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y quienes administran los sistemas. El planteamiento es una propuesta de mejora; no significa que esas validaciones ya hayan sido eliminadas ni que los usuarios puedan omitir requisitos.
También se propone conectar el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), el RUNT y el SICOV. ¿Para qué? Para contrastar el comparendo con la fuente oficial y acreditar el curso que permite acceder al descuento de la multa, reduciendo registros y conciliaciones manuales.
Los datos deben seguir protegidos
El estudio pide preservar la continuidad del control cualquiera que sea el modelo de provisión tecnológica. Según su revisión, la regulación de 2026 exige conservar registros transaccionales inmutables durante al menos cinco años. Recomienda precisar quién los custodia, cómo se entregan cuando sale un operador y qué condiciones protegen los datos personales y biométricos.
“La discusión debe concentrarse en cómo preservar la capacidad de supervisión del Estado y mejorar el servicio al ciudadano. Cualquier cambio de modelo necesita reglas que protejan los datos y la continuidad del control. Y el desempeño del sistema debe evaluarse con resultados verificables”, afirma Rincón.
Como contexto, la Resolución 8863 de 2026 de la Superintendencia de Transporte contempla una implementación gradual del SICOV y señala que las fases transitorias no eliminan las obligaciones del modelo integral.
Entender el cobro y medir los resultados
Otra recomendación es desagregar el pago: cuánto corresponde al centro que presta el servicio, cuánto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cuánto al SICOV, según el trámite. El análisis pide verificar los valores efectivamente cobrados y su fundamento legal antes de presentar estimaciones definitivas. No anuncia una rebaja aprobada ni cuantifica un ahorro garantizado.
En materia de fraude, reconoce irregularidades documentadas y funciones de detección asignadas al sistema. Sin embargo, advierte que las fuentes disponibles no permiten atribuirle una reducción del fraude ni una mejora de la seguridad vial. Para evaluar su efectividad hacen falta series de alertas, suplantaciones detectadas, operaciones bloqueadas e investigaciones o sanciones derivadas de sus reportes.
Información suministrada mediante boletín de prensa sobre el análisis de Rincón Cárdenas & Moreno. Las declaraciones y los hallazgos del estudio se atribuyen a esa fuente.
Nos quedamos con una idea: simplificar no es quitar controles a ciegas. Es conseguir que cada validación tenga sentido, que el cobro se entienda y que los resultados puedan comprobarse. Menos vueltas para el ciudadano, más claridad para todos. 🔎




